Wilmar Harley Castillo Amorocho*.- Este año inició con un estado de conmoción interior focalizado en el Catatumbo. El asesinato de una familia de Tibú, desencadenó que la insurgencia del ELN atacara al Frente 33 de las disidencias de las exfarc. Esto produjó más violencias sobre las comunidades que vieron cómo, una vez más, el Estado colombiano optaba por la salida militar y no política-dialogada para resolver el histórico conflicto social y armado de esta subregión de Norte de Santander.
En mayo empezaron las reubicaciones de las familias catatumberas a otros departamentos, entre ellos Boyacá y Tolima, en donde los municipios de Puerto Boyacá y Honda, respectivamente, hacen parte de los objetivos de reubicación para albergar a estas comunidades desterradas, lo que fue fuente de reacciones y debates entre sus alcaldías y diputados contra el gobierno nacional.
Multinacionales, megaproyectos y bandas armadas privadas
Además, en medio de todo este ruido, nace una hipótesis que involucra a multinacionales, megaproyectos y bandas armadas privadas.
Mientras el gobierno nacional sacaba provecho político y mediático de la remilitarización del Catatumbo, el ELN se enfrentaba y denunciaba al Frente 33 (por hacer pasar a sus integrantes como firmantes de paz y así recibir las ayudas del Acuerdo de Paz del 2016 y utilizar los esquemas de protección en la logística del narcotráfico, frente a otras prácticas antirrevolucionarias).
De otro lado, las comunidades denunciaban ser las principales víctimas de la conmoción interior, la respuesta fueron los señalamientos y la estigmatización de algunos liderazgos sociales, campesinos y comunales por redes sociales y grupos de WhatsApp.
A esto se sumó la reactivación de los montajes judiciales, ejecuciones extrajudiciales, la utilización de casas y predios civiles como centros de operaciones militares.
Caravana Humanitaria en el Catatumbo
Un Pacto Social sin las comunidades
La Agencia Nacional de Tierras les adjudicó un predio en la vereda Llano Villegas en el municipio de Honda, Norte del Tolima, en donde se repitió la misma historia de estigmatización y rechazo institucional, pero hasta ahora no han sido expulsadas del nuevo terreno.
Las montañas y ríos del norte del Tolima están amenazados por multinacionales
Diferentes voces comunitarias denuncian que el proyecto Santa Ana, a cargo de la multinacional Outgold Silver, que, a través de Miranda Gold, tiene a cargo 6.475 hectáreas en contrataciones mineras, distribuidas en 11 títulos mineros y pretende ampliar a 21.000 hectáreas su área de explotación y saqueo de oro.
Sin obviar otros proyectos mineros energéticos vigentes y nuevos, las multinacionales y sus filiales colombianas son la amenaza detrás del estado de violencias que sufren las comunidades y que son impulsados principalmente por el Estado a través de las fuerzas militares y paramilitares.
Expansión del paramilitarismo
Mientras tanto, el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia) consolidó su control territorial en esta parte del Tolima a través del clan familiar Isaza y la tercerización de bandas locales, como lo denunció la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana Estructural 02 del 2023.
A esto se suman las denuncias y pruebas contra las disidencias de las exfarc como otro actor paramilitar en el país.
Así mismo, nacen preguntas con relación a las personas que intentó reubicar el gobierno nacional en Puerto Boyacá y que terminaron en Honda.
Alberto Castilla en la Caravana Humanitaria en el Catatumbo
La narrativa oficial se limita a denunciar que los paramilitares controlan el narcotráfico y sus disputas son por algún eslabón de este negocio, pero al ampliar la visión sobre estos actores y los territorios donde viven, coinciden con megaproyectos minero-energéticos vigentes y/o con los aprobados recientemente.
A esto se le suman las proyecciones de inversión extranjera en otros renglones de la economía, como monocultivos.
Entonces, ¿solamente las rutas del narcotráfico y el control territorial son los únicos objetivos de los grupos paramilitares? ¿O tendrán alguna función en esos intereses económicos extranjeros?
La tercerización de la guerra
En la historia de las luchas contra las multinacionales y sus aliados locales, la militarización territorial por parte del Estado es la prenda de garantía para que cuajen sus negocios y de acuerdo con la tercerización de los conflictos armados, actualmente por parte de Estados Unidos, la OTAN y Rusia tiene sentido preguntarse por el papel de las comunidades catatumberas reubicadas en Honda, mientras que se tienen en cuenta las amenazas contra los bienes naturales del norte del Tolima.
Por ende, ¿el Estado colombiano garantiza mano de obra barata y cuerpos de seguridad privados a las multinacionales-aliados locales en el norte del Tolima? ¿Qué tipo de negociaciones hará el Gobierno nacional con los grupos de poder económicos y políticos de Honda (y de paso en el Tolima) para que dejen tranquilos a los nuevos habitantes?
Hoy en día no importa el brazalete con que dispare el paraco. Entre más brazaletes se ponga, más se dificulta su identificación. Su función es “limpiar” el territorio de las voces críticas a los intereses económicos privados y multinacionales, es la misma.
Como dije al principio, esto es una simple hipótesis que nace de juntar acontecimientos e intereses bajo la lectura de la realidad. Pero en esta hipótesis si hay algo concreto, que el territorio es una tienda de bienes naturales estratégicos, ofrecida a los ricos más ricos del mundo para que se la roben y defiendan ese despojo con las armas que puedan pagar.
*Wilmar Harley Castillo Amorocho es comuncador social e integrante del Congreso de los Pueblos.
