Por: Juan Alejandro Echeverri
EL TARRA/Catatumbo. Cuántas cosas pueden pasar en 20 años. El Estado colombiano negoció la desmovilización de la guerrilla más antigua del continente, Estados Unidos eligió al primer presidente negro en su historia, la Unión Europea perdió a un socio fundador y uno de sus riñones económicos; cosas que parecían imposibles.
Pero en el Catatumbo parece que nada hubiese cambiado: la región sigue presa de una economía ilícita, más por obligación que por cualquier otra cosa; ninguna entidad responsable se sonroja al reconocer el penoso abandono estatal; las Juntas de Acción Comunal siguen arreglándoselas hasta donde se los permite su ingenio y voluntad; y la violencia cambia de siglas y sofistica sus métodos sin alterar su estela de sangre y miedo. Hace 20 años, el Catatumbo sufría bajo la oscura tutela paramilitar. Dos décadas atrás, se hizo una Caravana parecida a la que ayer empezó a atravesar la parte media-alta de la región.
Gracias a la Caravana de aquel 2004 se rompió el cerco paramilitar y se gestó el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), organización sobre la que, en el marco de la guerra actual, ha llovido todo tipo de señalamientos y estigmatizaciones que pretenden legitimar su aniquilamiento.
“Es muy preocupante que todos los días aparecen integrantes de las Juntas de Acción Comunal y personas del CISCA perfiladas [a través de montajes publicados en redes sociales que los vinculan con los grupos armados]. Desde el 2023 hemos denunciado una expansión del paramilitarismo en la región. Estos señalamientos los leemos como una primera fase, donde salen listas y no sabemos en qué puedan terminar”, manifestó ante los caravanistas María Ciro. La lideresa del CISCA agregó que esta estrategia de guerra está atentando contra el principal núcleo organizativo del Catatumbo. Toda vez que las Juntas de Acción Comunal, agrupadas en las 44 asociaciones que existen en los 8 municipios de la región, son el espacio donde se toman decisiones para el mejoramiento de la vida de las comunidades.
Además de evitar la parálisis organizativa y política del CISCA, la Caravana pretende documentar las afectaciones humanitarias que se han vuelto paisaje en la opinión pública. Una decena de organizaciones colombianas y una comisión internacional, integrada por personas de Honduras, El Salvador, Noruega, Canadá, Austria, Chile, Argentina, entre otros países, llegaron ayer al municipio de El Tarra y recorrerán además los municipios de Convención y Teorama, entre el 24 y el 31 de julio.
Desde hace unos meses, las listas de perfilamiento y terror no discriminan persona, en ellas han aparecido el Gobernador del departamento, el defensor del pueblo de la regional Ocaña, la Asociación de Personeros, incluso un funcionario de la ONU. La táctica, de a poco, va logrando su objetivo. Uno de los liderazgos que compartió ayer su testimonio, aseguró que, pese a la importancia del espacio, muchos presidentes de Junta del municipio de San Calixto prefirieron quedarse en su territorio. Tal es el temor, que, según otro de los testimonios, hay ocasiones en que las personas prefieren convivir y soportar un dolor antes que ir a una cabecera municipal a buscar atención en salud.
“Uno primero piensa en la vida y la familia. Vivimos entre una nube en la que nos toca convivir con todo tipo de actores. Nos están involucrando en un conflicto que no es de nosotros; conflicto entre unos grupos que nada tienen que ver con nosotros. Nuestro delito es trabajar por el acueducto veredal, el camino, el puesto de salud…”, dijo otro de los liderazgos.
Algo que agrava aún más la situación es la desconfianza manifiesta en el Gobierno y la institucionalidad, que en teoría son responsables de protegerlos. En la región no olvidan que el presidente Gustavo Petro afirmó en un acto público que las organizaciones sociales, de las que hacen parte los y las comunales, les daban agua y alimento a los grupos armados. “No fue capaz ni si quiera de rectificarse”, reprochó uno de los líderes en la reunión de El Tarra.
El encuentro de ayer tuvo lugar en La Aurora, un centro de experimentación campesina, donde el CISCA desarrolla, entre otras cosas, un proyecto de mejoramiento genético de bovinos. Allí, los liderazgos agradecieron porque esa solidaridad internacionalista es la que en el pasado les ayudó a salvaguardar su vida, y, lo más importante, permanecer en el territorio.
Este patrón de señalamientos con el que se pretende justificar el día de mañana los asesinatos, quiere apagar la aurora, esa primera luz para ver el día y soñar un mañana distinto. Para Colombia, el Catatumbo ha pasado de moda, volvió a ser lo que siempre fue para el Estado, una de esas casas que se ven en los caseríos y al borde las trochas que surcan la región, casas que están en venta, pero nadie quiere comprar. Por fortuna, la solidaridad internacional y nacional sigue tan fuerte como hace 20 años.
